Un pacto global y un desafío local

 

¿Cuánto Falta?

Un pacto global y un desafío local

A seis años para llegar al año 2030, no se han alcanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino con el que mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen que la erradicación de la pobreza debe ir de la mano de estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales como la educación, la sanidad, la protección social y las perspectivas de empleo, al tiempo que se combate el cambio climático y se protege el medio ambiente.

El desafío de los gobiernos locales respecto de este pacto global es dejar permear las estructuras administrativas como, los mecanismos de formulación y ejecución de políticas públicas en torno de la definición de metas cuantitativas auditables construidas con participación ciudadana y democratización de las instituciones.

Diseño de políticas públicas

La acción del estado para garantizar derechos debe estar orientada a la formulación de planes programa y proyectos que sepan atender a objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada.

Es preciso que se defina la población efectiva a la que se desea alcanzar y se pueda establecer la identificación de los beneficiarios de la acción directa e indirecta del estado.

Frente a una mirada mínima del estado es preciso oponer una visión del estado eficiente sujeto a control y por lo tanto capaz de producir información útil para la toma de decisiones respecto del impacto en las comunidades de interés.

Es preciso por tanto dimensionar el costo social de la ausencia del estado como de las distorsiones producidas por la intervención y reconocer el grupo de actores e intereses afectados con la presencia o la ausencia del mismo evitando la captura privada y la externalización de costos sociales y ambientales por parte de los agentes.

El diseño implica la posibilidad de auditar y trazar el sentido de las acciones del estado reconociendo los input o insumos que requieren para ser prestadas de manera eficiente.

Participación democrática y auditoria ciudadana

La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes.

La participación democrática y el control ciudadano de la acción del estado y su proceso de formulación permite definir límites al agente estatales cuando este afecta intereses particulares o comunitarios y posibilita una orientación consensuada de los esfuerzos.

La presencia de la ciudadanía tiene un rol fundamental para construir instituciones abiertas con normas de transparencia.

Formulación presupuestaria, generación de indicadores y medición de impacto

La formulación presupuestaria fija las prioridades y políticas públicas a desarrollar en el próximo año. Para ello se estiman los recursos, proyecta las principales variables macroeconómicas y calcula los gastos necesarios para cumplir con las políticas fijadas.

El presupuesto es el instrumento económico y jurídico por el cual se viabilizan las políticas públicas producto de los consensos políticos. Es la expresión cuantitativa de la promesa de gobierno.

Es por ello que esa expresión cuantitativa debe estar acompañada de indicadores no solo de la ejecución de ese presupuesto, si no de impacto o resultado que el mismo tiene sobre la población objetivo de beneficiarios.

Participación publico privada para el desarrollo económico y social

Finalmente, en las comunidades locales se debe propender a apoyar el desarrollo endógeno de las castidades propias del territorio. Esto implica que el estado no debe suplir, sino apoyar y fortalecer las intuiciones y ecosistemas productivos de las regiones.

Reconociendo el trabajo y la iniciativa privada y posibilitando condiciones de infraestructura para una competitividad sistémica en los producción y provisión de bienes públicos, donde se produzca una complementariedad público-privada atendiendo al desarrollo de los objetivos estratégicos y el consenso democrático.