Derecho a la Ciudad

En medio de las oleadas de inseguridad y violencia, cada vez se pone más en crisis el espacio público como espacio de producción y apropiación social de las y los vecinos.

El derecho a la ciudad, el derecho al paisaje no es solamente un derecho urbanístico, como un superficial supuesto arquitectónico. El simple hecho de contemplarlo como un derecho civil en el sentido liberal del termino le otorga una potencia de igualdad ante la ley digna de la Revolución Francesa.

Recuperar la radicalidad libertaria de los derechos civiles implica profundizar la discusión política al punto de preguntarnos ¿Quiénes pueden acceder a la ciudad, su uso y su disfrute?

La radicalidad de la igualdad implica experimentar la Ciudad en nuestros cuerpos, en el uso, el tránsito y la habitación del espacio. Porque esto no es así para todos es que construimos leyes como sociedad.

En 2018 nuestra Ciudad sanciona el Código Municipal de los Derechos de las Personas con Discapacidad y este es el enfoque de derecho transversal que nos tiene que orientar para pensar y hacer toda la política pública.

Un ejemplo positivo que han logrado las vecinas y los vecinos del oeste de la Ciudad es la plaza inclusiva que es producto de un proyecto ideados por ellos y financiado por el Presupuesto Participativo. Se trata de la Plaza Scarpaci, un espacio verde que se transformó en el primero de la ciudad en estar adaptado para niños y niñas TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Sin embargo, para lograr garantizar el acceso al derecho a la ciudad no podemos tranquilizar nuestras conciencias con una serie de obras dispersas ya que esto no constituye la transversalidad de la política pública, ni el desafío de los profundos y oscuros problemas sociales que nos agobian sobre el espacio público.

Nuestra sociedad sigue siendo desigual. El espacio público está en disputa entre la captura privada ya sea legitimada por el marco legal o perseguida por él. Esto lo justificamos unas veces con fanatismo y otras veces con hipocresía.

Nos introducimos producto de los discursos punitivitas en falsas dicotomías ente los derechos de las víctimas o de los victimarios, como si su condición de otredad les anulara la posibilidad de ser, lo que inmediatamente clausura el debate político a cerca de la sociedad en la que queremos vivir con admoniciones llenas de moralina.

El mercado como regulador de oferta y demanda no tiene la capacidad de representar en el sistema de precios el bien común y la externalidad positiva de la sinergia social. El sentido común positivista y la exceptiva de un estado policial, capaz de custodiar, como Big Brother, el derecho a la propiedad, no alcanza a dar repuestas a problemas de corte social y cultural como la falta de empleo, la marginalidad, la falta de proyectos de vida en los más jóvenes y los distintos dispositivos de exclusión social.

Como ya dijimos, el territorio se experimenta en el cuerpo.